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| Torre BBVA en Panamá |
Eduardo Segovia (El Confidencial)
BBVA, Santander y Sabadell, junto a varios de los mayores bancos del mundo, actuaron como intermediarios para la creación de sociedades en Panamá en beneficio de sus clientes, como queda recogido en la operativa descubierta tras una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung', y que en España, están publicando El Confidencial y La Sexta tras un trabajo periodístico conjunto iniciado en julio de 2015.
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Santander y BBVA realizaron esta actividad para clientes de alto patrimonio de los distintos países en los que operan, incluyendo algunos con domicilio en España (como la Real Sociedad): según la documentación a la que ha tenido acceso esta investigación, el primero creó 118 sociedades en Panamá y el segundo, 19. La mayoría de las sociedades constituidas por el banco que presidía entonces Emilio Botín se solicitaron desde su negocio ‘offshore’ en Suiza, que vendió en 2012 a UBP, como informó El Confidencial en su día, y desde Nueva York (hay algunas desde Guernsey). En el caso de la entidad que preside Francisco González, las pantallas se crearon también desde Suiza (filial que cerró hace cinco años), Jersey y su unidad de banca privada en Miami, que vendió al Sabadell en 2007 y desde donde el banco catalán adquirió 10 sociedades en Panamá para clientes latinoamericanos.
Los bancos españoles no son ni mucho menos los más activos en la creación de este tipo de sociedades. Más de 500 bancos, sus filiales y sucursales registraron casi 15.600 sociedades pantalla a través del despacho de abogados Mossack Fonseca, según el análisis de esta documentación. El gigante británico HSBC (el banco de la lista Falciani, también desvelada en España por El Confidencial en colaboración con el ICIJ hace un año) a través de distintas filiales es reponsable él solo de más de 2.300 de estas sociedades, y UBS creó 1.100. Otros grandes bancos internacionales que han hecho negocios con este despacho son el francés Société Générale (979 sociedades), Royal Bank of Canada (378), el alemán Commerzbank (92) y el también suizo Credit Suisse (1.105).
El Banco Santander señala oficialmente que “los españoles que figuran en el listado que se nos ha facilitado por El Confidencial no son clientes de Banca Privada Internacional del Banco Santander, ni de Banco Santander España”. Y añade que “todos los clientes de banca privada internacional del Santander han aceptado en sus contratos una serie de términos y condiciones, entre los que se incluyen cláusulas confirmando sus responsabilidades fiscales. El banco les facilita un informe anual con los datos necesarios para la realización de sus declaraciones fiscales”.
Por otro lado, un portavoz de BBVA explica que "todas estas sociedades se cancelaron hace tiempo y las últimas se cerraron en 2009". En lo que respecta al banco que preside Josep Oliu, un representante declaró que "Banco Sabadell nunca ha creado, adquirido ni recomendado a sus clientes la operativa a través de estas sociedades. Las sociedades a las que hace referencia datan de procesos de adquisición del negocio de banca privada de otras entidades que en su dia realizó Banco Sabadell".
Sociedades para ocultar el dinero en Suiza
Esta actividad tiene su origen en la aprobación de la Directiva europea del Ahorro por la UE en 2005, a la que Suiza decidió adherirse un año después. Esta norma implicaba que los bancos del país helvético debían informar de todas las cuentas de sus clientes extranjeros (lo que se concoe como ‘full disclosure’) o bien practicarles una retención sobre sus ganancias en función de unos tramos, que podía llegar al 35%.
Como es de imaginar, esto provocó una oleada de pánico entre los altos patrimonios que tenían dinero escondido en Suiza. Pero el Gobierno del país encontró una vía de escape: al negociar su adhesión a la citada directiva, exigió que solo se aplicara a las personas físicas, lo que dejaba a las jurídicas (sociedades) fuera de esta obligación. La solución para los afectados era obvia: debían crear una sociedad pantalla tras la que ocultar su identidad y así evitaban tener que dar información al fisco. Esta salvedad también se utilizó en otros centros financieros con secreto bancario, como Mónaco o Andorra.
Lo más conveniente para estos fines de ocultación era que estas sociedades se domiciliaran en países con secreto bancario y fiscalidad prácticamente inexistente, es decir, paraísos fiscales. Entre ellos sobresalió Panamá por las facilidades del país y la agresiva operativa de despachos como el citado Mossack Fonseca (aunque el bufete también constituía estos instrumentos en otras jurisdicciones como las Islas Vírgenes).
La operativa consistía en que el despacho creaba o compraba la sociedad, ponía un testaferro como administrador de la misma y se la vendía al cliente del banco por una cantidad simbólica. A continuación, se abría una cuenta en Suiza a nombre de la sociedad y la forma de acreditar la propiedad de la misma en muchos casos eran las acciones al portador ('bearer shares'), es decir, acciones físicas en papel; de esta manera, el nombre del verdadero propietario no aparecía en ningún registro y se dificultaba aún más la labor de Hacienda.
Algunos bancos llegaban al extremo de custodiar estos títulos en cajas fuertes ante la eventualidad de que la policía registrara la casa del cliente en busca de pruebas de un posible delito fiscal, ya que de esta forma no encontraría nada que le pudiera comprometer, según explican fuentes del sector. Un asesor fiscal de altos patrimonios que ha colaborado con Mossack Fonseca explica que “la banca privada te propone cosas, lo puedes hacer de forma más discreta o más descarada, dependiendo de la persona. Pero sí, hay un gran negocio”.
La lista Falciani acaba con esta práctica
Este 'modus operandi' duró hasta 2010, cuando se vino abajo por culpa de la famosa lista Falciani. Esta relación incluía los nombres de miles de defraudadores de todo el mundo con cuenta en el HSBC de Ginebra. Prácticamente todos los que aperecían tenían sociedades en lugares como Panamá, Islas Vírgenes o Liechtenstein.
Cuando estos nombres fueron remitidos a las haciendas nacionales, la agencia Tributaria española, dirigida entonces por Carlos Cervantes con el Gobierno de Zapatero, buscó un acuerdo con los implicados consistente en darles la oportunidad de regularizar voluntariamente para no ser acusados de delito fiscal, a cambio de 'levantar el velo' de esas sociedades y dejar al descubierto quién estaba detrás y quién era el verdadero titular del dinero.
Para ello, se utilizó el llamado Modelo A, un formulario que mantienen los bancos suizos con los datos del beneficiario real de cada cuenta bancaria más allá de la sociedad intrepuesta. HSBC se vio obligado a facilitar estos datos al fisco español y fue el principio del fin de esta fórmula para ocultar el dinero negro en Suiza. El final definitivo llegó con la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro.
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