El grupo antimilitarista KEM-MOC Bilbao denuncia con una acción no violenta la implicación del banco en la industria militar, que ha destinado al menos 5.421 millones de euros a la financiación de armamento.
Con motivo de la celebración de la Junta Anual de Accionistas del BBVA, el grupo antimilitarista KEM-MOC Bilbao ha llevado a cabo una acción no violenta ante la sucursal que el banco tiene en la Gran Vía de Bilbao. El colectivo de activistas denuncia que la entidad ha destinado al menos 5.421 millones de euros a la financiación de armamento, siendo parte con ello de “la industria de la guerra”.
En torno a las 11 de la mañana del sábado, dos personas trajeadas se aproximaron a la puerta de las oficinas de la entidad financiera y, girando los maletines que llevaban sobre sus cabezas, se llenaron de pintura roja simulando la sangre derramada a consecuencia de las políticas llevada a cabo por el banco. Posteriormente, se dejaron caer al suelo simulando morir mientras otro grupo arrojaba sobre sus cuerpos falsos billetes de 500 euros al grito de: “Todas las guerras comienzan aquí”.
“Los beneficios del BBVA están manchados de sangre”, denunciaba una de las activistas de KEM-MOC Bilbao, que acusa al banco estar contribuyendo con sus acciones al “desplazamiento forzoso de miles de personas, a la vulneración de los derechos humano” así como a “crear miedo, asesinatos y violaciones”. Este tipo de acusaciones no son nuevas para el BBVA, ni es esta la primera vez que la acera que rodea alguna de sus sucursales se tiñe de rojo.
Acciones similares a esta llevan repitiéndose cada mes de marzo, coincidiendo con la celebración de la Junta Anual de Accionistas de la entidad financiera, desde el año 2007. Originalmente fue la Plataforma BBVA Hitzailea, ahora inactiva, quien denunciaba, no solo el papel que el BBVA juega en los conflictos bélicos, sino también como sus acciones agravan las desigualdades, ensanchando cada vez más la brecha entre ricos y pobres, y contribuyen a la degradación medioambiental. Ejemplo de ello es el caso de Hidroituango en Colombia, un megaproyecto hidroeléctrico construido sobre el río Cauca por Empresas Públicas de Medellín y que cuenta, no solo con la financiación del BBVA, sino también con la de otras empresas con sede en el Estado español como el Banco Santander o Mapfre. La construcción de la represa y los problemas que de ella se derivan ha supuesto el desplazamiento forzoso de varias comunidades y un enorme impacto medioambiental, además de haber generado un ambiente muy inestable en la zona derivado de las represalias con las que se han encontrado quienes se oponen al proyecto.
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